Por: Marcela Guio Camargo
Comunicadora social y periodista - Red colombiana de periodistas con visión de género (RCPVG)
Texto realizado para el Seminario Género y Desarrollo de la Organización de Estados Americanos, OEI
Luego de varias décadas de teorías
y acciones de reivindicación, reconceptualización y visibilización de los
derechos y asuntos relacionados con las mujeres, se han dado grandes pasos para
reconocerlas y legitimarlas como actoras sociales, des etiquetándolas de sus tradicionales
roles del hogar, la crianza y cuidado consagrado de sus familias. Pero, como
bien se sabe, aquellas acciones han significado avances más no la erradicación
de problemáticas que continúan afectando su integralidad como seres humanos y su
condición de mujeres.
Es importante recalcar la
definición de género como una construcción social e histórica basada en la
diferenciación sexual y las relaciones entre hombres y mujeres, por lo tanto no
deben ser reducidas al factor biológico natural ni tampoco a pensarlas como un
colectivo uniforme que -aunque con derechos iguales- tienen necesidades
similares, pero cada vez es más claro que no siempre son las mismas para todas. Gracias a
instrumentos de análisis e investigación, al trabajo de liderezas, las organizaciones civiles, la
responsabilidad asumida por el Estado y los organismos de cooperación, con el tiempo se ha comprendido que hablar de
mujeres implica de por sí afrontar niveles de diferenciación tales como: edad,
raza, creencias religiosas, de la urbe o la ruralidad, la condición de salud,
etnicidad, orientación sexual, entre otros factores. Todas clasificaciones que
las hacen diversas y merecedoras de la atención y protección por parte del Estado,
los actores privados e intervención de organismos internacionales destinados para
velar por los derechos de todos y todas.
Es de considerar el valioso
trabajo y aportes de los grandes organismos, instituciones y comités de
proyectos de cooperación, como lo establecido por la ONU en 1976 al proponer una ruta para las naciones
sobre la creación de mecanismos intersectoriales y multidisciplinarios que
cuenten con recursos humanos, presupuestales y técnicos para “acelerar el logro
de oportunidades iguales para las mujeres y su integración plena a la vida nacional” (Ámbitos transversales de cooperación
internacional) Allí es donde radica una de las claves para
que las estrategias sugeridas por el enfoque Género En Desarrollo,GED -en su significación de cambio estructural- logren deshabilitar las estructuras de
subordinación que han abierto camino a la feminización de la pobreza y todos
los factores y derechos no cubiertos que están vinculados a ella, a partir de la voluntad política y sus
consideraciones. Justo acá radica el gran reto para las naciones y sus actores
sociales, el gran desafío.
Por su parte, Colombia ha adelantado
la labor respecto a los derechos
femeninos a partir de la firma de varios acuerdos, sentencias, el Auto 092 (mujeres
víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto interno), entre otros a
nivel interno como la Ley 1257 de 2008 (una de las principales a nivel
nacional) con el fin de evidenciar y eliminar los índices de violencias, la
inequidad de género y la indiferencia típica de diferentes sectores sociales
que las han venido deslegitimado a pesar de la existencia de herramientas
civiles como el derecho al voto que hace 60 años las faculta como ciudadanas,
capaces de decidir, participar e
integrar procesos de cambio colectivo en sus comunidades.
Adicionalmente, Colombia se
ha acogido al marco jurídico internacional a través de documentos como la plataforma de
Beijing (1995), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y
erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW). Sin embargo, pese a la
voluntad política (mayoritariamente femenina) de fomentar políticas públicas en
pro de la disminución de situaciones de pobreza para las mujeres, aún queda
camino por andar y “enemigos” que combatir como: el no cumplimiento total de
sus derechos, la desigualdad legitimada desde sectores por costumbre masculinos
(política y religión por ejemplo), la falta de oportunidades para tener una
vida digna mediante el acceso a aspectos fundamentales que están plasmados en
la constitución nacional como carta
rectora de nuestra nación, las
múltiples violencias o el carácter cultural que las ha subordinado situándolas en
espacios poco privilegiados y letargando la conciencia social.
Los derechos son inherentes
a sus ciudadanos/as y ellas lo son, por lo tanto se les debe facultar de los
mismos para lograr suplir necesidades básicas como la salud (sin restricción en
atención básica, servicios especializados como la salud sexual y reproductiva u
otras, atención psicológica y cero
estigmas frente a sus factores diferenciales o condiciones de vida), la
educación (desde la básica hasta opciones de educación superior que les permita
mayor crecimiento personal), el trabajo (basado en normas laborales y
salariales dignas), a una vida libre de violencias y sometimientos frente a actores
o sistemas patriarcales tradicionales que históricamente las han vulnerado
(políticos, religiosos, socio económicos o culturales). Lo anterior, bajo la
necesidad cada vez más urgente de protegerlas y darles su lugar en la sociedad como generadoras de
desarrollo y titulares de derechos connaturales que son incumplidos ante la ley,
ya sea por acción (quebrantándolos) u omisión.
Entre los retos y desafíos
en Colombia y el resto del mundo está la gran meta colectiva de todos/as los
actores de continuar enfocando sus acciones hacia el
cumplimiento cabal de los derechos legalmente
igualitarios en el orden civil,
político, económico y socio cultural. Todos estos trascendentales pues, durante siglos, los sistemas de poder patriarcal se han basado
en el argumento de inferioridad, haciendo de la mujer una sujeta de uso, destinataria de abusos (desde el poder
político, la iglesia y la legitimación social masculina) basados en el orden
social y sus lógicas de exclusión, invisibilidad y juzgamiento moral hacia
ellas.
Aquello que ha recibido la
nominación de feminización de la pobreza
ha dado lugar a análisis y acciones relacionados fundamentalmente con el hecho
de otorgarles a ellas un amplio reconocimiento como protagonistas de
legislaciones internas y acuerdos internacionales orientados a decretar nuevas normas sociales
que deben (pese a que no se cumplan al 100%) promover sus derechos, libertades
y construcción humana; más aún en medio del vacío por el cumplimiento real y
total de los mismos para disminuir así los panoramas de pobreza. Entre los
retos está también generar garantías legítimas de vida digna al amparo de su
estatus de ciudadanas y ya no como “sujetas
pasivas o figuras de apoyo” de sus padres, hermanos o maridos, como continua
siendo en algunas zonas del mundo.
Resolver la precariedad de
ingresos mediante trabajos dignos, el acceso a servicios de salud, vivienda y educación
de calidad representa un altísimo reto
para los proyectos con enfoque de género en el
nivel público, privado o de cooperación; desde esta última ha
significado un reconocimiento abierto a las necesidades y facultades multinivel
que ellas tienen como agentes económicos y productivos, útiles al mercado
laboral (como lo han sido en la producción y cuidado de sus hogares), un acto
no discriminatorio de liberalización del marco estructural social masculino que
ha sido históricamente rígido y violento (física, sexual, psicológica, etc), y una acción a favor de cualquier tipo de
empoderamiento personal o colectivo que surja
por parte de ellas.
Es por ello que los liderazgos sociales y políticos que hoy día
ya trabajan por el reconocimiento, la promoción y el cumplimiento de las
normativas asociadas con la inmensa comunidad femenina (70% de la población que
vive en pobreza) tienen entre sus manos grandes responsabilidades como velar
por el cumplimiento de la igualdad real
entre hombres y mujeres como principio
del desarrollo humano, diferenciando entre sus condiciones de vida y la posición que ocupan en los
escenarios sociales; a partir de la sana
intervención del Estado (voluntad política de cambio y regulación) mediante leyes,
de la acción colectiva (donde han surgido prácticas desiguales, violentas,
inequitativas y ausentes de todo reconocimiento al potencial de las mujeres
independientemente de los roles tradicionales que les ha correspondido tener) y
de las colaboraciones externas.
Vivir con equidad y
condiciones igualitarias quizá no terminará de ser tarea fácil, sin embargo, es en el marco del desarrollo humano incluyente
y sostenible, bajo acciones de cambio en la mentalidad machista que ha dominado
los principales espacios de participación, control y decisión en diferentes
contextos (comenzando por el espacio del hogar). Espacios colectivos a donde ellas han comenzado a
llegar a paso lento logrando unos primeros cambios, espacios donde se debe continuar legitimando el valor económico y real de su contribución a
la economía; trascendiendo el trabajo
doméstico, de cuidadora de otros o del campo -que aún no es reconocido ni pago- con el fin de comprender que ellas siguen siendo esenciales en la
evolución de los procesos humanos y pueden ejercer su acción social mucho más
allá del rol natural de reproductoras.
Como sociedades se requiere asumir la
responsabilidad de no discriminación, visión en equidad y logro de acceso a
oportunidades de desarrollo personal que harán de ellas liderezas y/o participantes en procesos de desarrollo
colectivo de manera armónica y sostenible (perdurable en el tiempo mediante
condiciones de garantía); además de una intervención internacional siempre sujeta a agendas políticas internas,
mediante procesos transversales, como versa el concepto de mainstreaming y aunado a la columna vertebral de promoción, respeto
integral de sus vidas y veeduría de los procesos.
Aunque suene a veces
a camino utópico, nunca estará de más el trabajo cooperativo de
diferentes sectores (empezando por los de base) para aportar y generar óptimas
condiciones de la vida que para ellas vale la pena vivir: siendo dueñas de sí
mismas, integrantes de un sistema social igualitario (por lo menos no
excluyente ni violento), de empoderamiento múltiple y siendo beneficiarias de recursos
económicos, técnicos y humanos que las potencialicen, les brinden herramientas
de transformación a través de su participación, toma de decisiones y logro de
sus libertades.
